"Magistrado y a dónde voy, no conozco la dirección de mi casa", exclamó cabizbajo Ramiro Domínguez Pérez, tras salir de la cárcel de Najayo, gracias a un recurso de Hábeas Corpus, 24 años después de permanecer entre cuatro mugrientas paredes sin expediente.
El juez de la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Teófilo Andújar Sánchez, ordenó su inmediata puesta en libertad. "Puede marcharse a su casa", le dijo el magistrado, a quien la defensora pública Ana Mercedes Acosta apoderó de la acción constitucional.
En el examen al fondo del proceso, el tribunal determinó que Ramírez se encontraba privado de su libertad desde el 11 de abril de 1984, como consecuencia de una investigación por homicidio y la supuesta intervención de una sentencia condenatoria que impuso una pena de 30 años de reclusión mayor.
Consideró que no obstante a que no obra en el expediente más que el oficio No. 07032 de la Dirección General de Prisiones, del 24 de julio pasado, en cuyo texto se indica según el sistema que hay un registro de que se encuentra en la cárcel por homicidio, por lo cual fue condenado a 30 años por la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
Sin embargo, observa que ese tribunal a la fecha no cuenta con ningún tipo de registro o constancia de la misma.
Estima que el hecho de que la prolongada prisión del impetrante no haya sido objeto de contestación por parte del MP y que la única información aportada por las partes es la relativa a la ejecución de dicha sentencia, "obliga a este tribunal a poner en duda que la referida sentencia condenatoria no ha sido impugnada por ninguna de las vías de derecho".
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