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| El planteamiento de disolver 57 instituciones en 2018 conlleva a una transferencia de fondo de más RD$15,700 millones. |
En total, éstas involucran a 3,087 empleados fijos, que podrían ser desvinculados de sus posiciones si la eliminación se materializa.
De esos, unos RD$8,679.7 corresponden a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y RD$59,746.3 de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, según el portal de transparencia de estas instituciones.
A eso se le suma la reorientación de los RD$970.5 millones del presupuesto del Despacho de la Primera Dama que también desaparecerá, más los RD$1,820.1 del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el cual será fusionado con la Dirección de Bienes Nacionales.
Dichas instituciones no serán las únicas en eliminarse, ya que en su programa de Gobierno Abinader había planteado eliminar algunas instituciones que poseen duplicidad de funciones, entre las que citan varias del sector social, transporte, electricidad y servicio de agua.
En ese sentido, el economista Guillermo Caram señaló que este planteamiento reorganizativo debería ser objeto de atención urgente y prioritario, lo cual indefectiblemente tendrá que conllevar la eliminación de uno o varios de los múltiples organismos burocráticos existentes para poder brindar un adecuado, eficaz y eficiente servicio a la ciudadanía.
Citó algunas instituciones que tienen duplicidad de funciones, entre las que mencionó la de desarrollo comunitario y forestal, programas sociales, así como los ministerio de Juventud y la Mujer.
Proyecto partido
Los planes de erradicar de instituciones es un tema de agenda desde el 2018, cuando la dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Faride Raful, sometió en el Congreso un proyecto en el que buscaba eliminar la OISOE, los Comedores Económicos, así cp, pasar al Ministerio de Agricultura el Instituto Nacional del Azúcar.
Empleos
Si se disuelven esas entidades, 3,087 empleados fijos serán desvinculados de sus funciones públicas, sin contar los empleados contratados.
De acuerdo al próximo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, los empleados de OISOE que justifiquen su trabajo serán reubicados en las dependencias correspondientes.
En ese sentido, Rafael Alburquerque, experto laboral, señaló que cuando se elimina una institución el Estado tiene que determinar el destino de los empleados desvinculados de sus funciones.
Detalló que las medidas a tomar por el Gobierno en esta circunstancia pueden ser varias, entre ella: reubicar los empleados, pagar las prestaciones laborales que establece la Ley de Función Pública a los empleados de Carrera Administrativas, y pagar la pensión a los empleados que tienen la edad para jubilarse o desvincular a los empleados de libre remoción.
Por Dilenni Bonilla
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