La República Dominicana tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), cuya misión esencial es la de proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la aplicación de las normas jurídicas establecidas.
Teóricamente, para alcanzar ese propósito, recurre a la promoción del consumo transparente, sustentable e inteligente.
Esta institución, creada en el año 2005 mediante la Ley 358-05, gozó de un respeto envidiable durante la gestión de la periodista Altagracia Paulino. Era un orgullo nacional su simple mención. Los ciudadanos que entendían que se les violaban sus derechos como consumidores y usuarios, acudían con la plena confianza de que en ella encontrarían justicia imparcial.
Desafortunadamente, ese Pro Consumidor ha quedado en el pasado. Hoy la dependencia acusa un deterioro que avergüenza en la gestión de Eddy Alcántara. El silencio administrativo ante las denuncias forma parte de su cotidianidad, degenerando en inoperancia e irresponsabilidad.
Había escuchado de ese deterioro en esta etapa de la institución. Un caso propio me condujo a comprobar esa realidad, cuando presentamos una instancia-denuncia respecto a la negativa del Club Atlético Licey de renovarnos cuatro abonos directos para los partidos de ese equipo frente a las Águilas Cibaeñas en el Round Robin del torneo que organiza la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM).
El apoderamiento se hizo luego de agotar un proceso amigable, a través de un acto de intimación, para la búsqueda de una solución al diferendo, sin que se produjera contestación alguna.
A pesar de la celeridad de la petición en virtud de que el Round Robin está en marcha, incluso ya se celebró el primer partido entre Águilas y Licey, ha habido un silencio administrativo que podría interpretarse de complicidad, porque la justicia tardía es justicia denegada.
Toda autoridad, dependiendo de su actuación, se ganará el respeto o el irrespeto de una sociedad. Siempre refiero la afirmación de la filósofa española Adela Cortina: “A las personas hay que respetarlas siempre. Otras cosas son sus opiniones; no todas las opiniones son respetables; las opiniones se deben ganar el respeto”. Este juicio lo extrapolo a la autoridad, que, para merecer respeto, debe ganárselo a través del cumplimiento efectivo de las funciones que son puestas a su cargo.
Ahora puedo comprender el porqué habitantes del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, no permitieron que un personal de Pro Consumidor hiciera un operativo para incautarse de medicamentos falsificados.
También comprendo la razón por la que el titular de esa institución aceptara la invitación de lanzar la primera bola en un juego de beisbol en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en el que el anfitrión, Tigres de Licey, es un proveedor de ese espectáculo.
Carece de sentido que el Estado procure el establecimiento de principios y normas generales que rijan la defensa de los derechos ciudadanos, pero que determinados incumbentes en la Administración Pública no las hagan cumplir. Esto mantiene distorsiones que, históricamente, han fomentado privilegios, corrupción y el autoritarismo de funcionarios.
Hay que frenar las prácticas que fomentan el atraso institucional; también separar a funcionarios gubernamentales que, por ignorancia o falta de interés, no cumplen con sus responsabilidades de garantizar el estricto cumplimiento de las leyes.
El presidente Luis Abinader ha clausurado instituciones al considerarlas inoperantes. Creemos que falta más en ese sentido.
¡Clausuremos a Pro Consumidor!
Por Luis Garcia
0 comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR VISITAR GAZCUE Y DEJAR TU COMENTARIO.