Enmiendas a C贸digo Penal pretende silenciar medios y periodistas
Escrito por: Manuel Quiroz
En un pa铆s donde se cometen tantos abusos y desafueros desde instancias oficiales, el ejercicio de un periodismo serio y plural es un contrapeso para garantizar la libertad de expresi贸n y el derecho de los ciudadanos a dar y recibir informaciones sin censura previa. Personas e instituciones afectadas en sus intereses y prerrogativas y que no reciben atenci贸n ni respuesta cuando acuden a organismos oficiales, encuentran en la prensa y los medios de comunicaci贸n una v铆a expedita para manifestarse y evitar ser v铆ctimas de atropellos y violaciones impunes.
Obstruir o limitar el tratamiento de temas relativos a la corrupci贸n y en general al uso indebido de fondos y recursos p煤blicos, equivaldr铆a a negar a la sociedad el leg铆timo inter茅s de mantenerse debidamente informada de todo lo que incide en el funcionamiento del Estado.
Este es precisamente el temor que ha surgido ante la inclusi贸n en el proyecto de modificaci贸n del C贸digo Penal de los art铆culos 191 y 193, que vulneran el fundamental derecho a la libre expresi贸n del pensamiento y la discusi贸n de las ideas garantizada por la Constituci贸n de la Rep煤blica.
El establecimiento de penas de prisi贸n por la divulgaci贸n de informaciones y comentarios considerados difamatorios e injuriosos, asestar铆a un duro rev茅s a la libertad que deben disfrutar medios y periodistas para escoger y difundir temas de inter茅s general, sin importar que puedan causar molestias en algunas esferas de la sociedad o de los poderes p煤blicos.
Mientras en diferentes pa铆ses del hemisferio se ha avanzado en los 煤ltimos a帽os en una tit谩nica lucha en favor de la despenalizaci贸n de los llamados delitos de prensa, aqu铆 surge esta amenaza en contra de una piedra angular de la democracia en materia de comunicaci贸n y acceso a la informaci贸n.
A prop贸sito de esta inquietante situaci贸n, no s贸lo para la prensa sino para la ciudadan铆a en general, la Fundaci贸n Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha producido un documento que, dada la riqueza de argumentos jur铆dicos, no tiene “desperdicios”, como sol铆a decir Mario 脕lvarez Dugan (Cuchito), ese veterano maestro del periodismo para referirse a las declaraciones responsables y bien estructuradas con argumentaciones contundentes que cubren diferentes conceptos y aristas de un tema en particular.
Con juicio claro y certero, Finjus anota que la libertad de expresi贸n da sustento a la investigaci贸n period铆stica, especialmente cuando est谩 dirigida a fortalecer los mecanismos de prevenci贸n y lucha contra la corrupci贸n y el fomento de la participaci贸n de la ciudadan铆a y sus organizaciones en la creaci贸n de una cultura de transparencia, con base a la rendici贸n de cuentas. Tal como han advertido Finjus, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, es obvio que con estas enmiendas al C贸digo Penal se pretende silenciar a medios y periodistas para que no aborden cuestiones conflictivas o controvertidas, a fin de evitar una eventual sentencia de prisi贸n.
Adem谩s, subyace la intenci贸n de proteger a servidores que incurren en prevaricaci贸n, porque la propuesta legislativa busca agravar la conducta de difamaci贸n e injuria cuando se cometa en perjuicio de un alto funcionario p煤blico. Este intento de inducir a la autocensura tiene que ser enfrentado para que el periodismo 茅tico y cr铆tico no pueda ser suplantado por un ejercicio complaciente y anodino , como aspiran los enemigos de la libertad de expresi贸n.
Escrito por: Manuel Quiroz
Obstruir o limitar el tratamiento de temas relativos a la corrupci贸n y en general al uso indebido de fondos y recursos p煤blicos, equivaldr铆a a negar a la sociedad el leg铆timo inter茅s de mantenerse debidamente informada de todo lo que incide en el funcionamiento del Estado.
Este es precisamente el temor que ha surgido ante la inclusi贸n en el proyecto de modificaci贸n del C贸digo Penal de los art铆culos 191 y 193, que vulneran el fundamental derecho a la libre expresi贸n del pensamiento y la discusi贸n de las ideas garantizada por la Constituci贸n de la Rep煤blica.
El establecimiento de penas de prisi贸n por la divulgaci贸n de informaciones y comentarios considerados difamatorios e injuriosos, asestar铆a un duro rev茅s a la libertad que deben disfrutar medios y periodistas para escoger y difundir temas de inter茅s general, sin importar que puedan causar molestias en algunas esferas de la sociedad o de los poderes p煤blicos.
Mientras en diferentes pa铆ses del hemisferio se ha avanzado en los 煤ltimos a帽os en una tit谩nica lucha en favor de la despenalizaci贸n de los llamados delitos de prensa, aqu铆 surge esta amenaza en contra de una piedra angular de la democracia en materia de comunicaci贸n y acceso a la informaci贸n.
A prop贸sito de esta inquietante situaci贸n, no s贸lo para la prensa sino para la ciudadan铆a en general, la Fundaci贸n Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha producido un documento que, dada la riqueza de argumentos jur铆dicos, no tiene “desperdicios”, como sol铆a decir Mario 脕lvarez Dugan (Cuchito), ese veterano maestro del periodismo para referirse a las declaraciones responsables y bien estructuradas con argumentaciones contundentes que cubren diferentes conceptos y aristas de un tema en particular.
Con juicio claro y certero, Finjus anota que la libertad de expresi贸n da sustento a la investigaci贸n period铆stica, especialmente cuando est谩 dirigida a fortalecer los mecanismos de prevenci贸n y lucha contra la corrupci贸n y el fomento de la participaci贸n de la ciudadan铆a y sus organizaciones en la creaci贸n de una cultura de transparencia, con base a la rendici贸n de cuentas. Tal como han advertido Finjus, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, es obvio que con estas enmiendas al C贸digo Penal se pretende silenciar a medios y periodistas para que no aborden cuestiones conflictivas o controvertidas, a fin de evitar una eventual sentencia de prisi贸n.
Adem谩s, subyace la intenci贸n de proteger a servidores que incurren en prevaricaci贸n, porque la propuesta legislativa busca agravar la conducta de difamaci贸n e injuria cuando se cometa en perjuicio de un alto funcionario p煤blico. Este intento de inducir a la autocensura tiene que ser enfrentado para que el periodismo 茅tico y cr铆tico no pueda ser suplantado por un ejercicio complaciente y anodino , como aspiran los enemigos de la libertad de expresi贸n.
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