Empresarios de Santiago "sacan" al Estado del HOMS comprándole sus acciones

Por RD$ 530 MM 

Estado dominicano ni ha declarado ni rendido cuentas de qué ha hecho con los 6.8 millones de dólares que hasta el momento ha recibido por la venta de sus acciones en el HOMS


Su construcción estuvo paralizada por año y medio
hasta que el gobierno invirtió los primeros 60 millones
de pesos, en agosto de 2005.

Era uno de los secretos mejor guardados por la administración Fernández. El 15 de febrero de 2011, el Estado dominicano, representando por el ex ministro Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, firmó el contrato de compraventa mediante el cual traspasaba a los inversionistas privados del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) sus acciones en ese centro asistencial.

Eran 3 millones 56 mil 550 acciones por un valor de 100 pesos dominicanos cada una, que el Consejo de Directores del HOMS decidió comprar por valor de 4.49 dólares cada una, sumando éstas 9.6 millones de dólares, 100 mil dólares más que los 9.5 millones de dólares que el Estado dominicano invirtió en un proyecto privado. Adicionalmente, el HOMS se había comprometido a pagar 4.1 millones de dólares por concepto de los intereses generados desde que el Estado invirtió capital antes citado y se convirtió en socio-accionista del centro de salud. En total, el HOMS habría de pagar al Estado 13.6 millones de dólares, aproximadamente 530 millones de pesos.

¿Y dónde están los “cuartos”?

Al momento de la firma del contrato de compraventa, el Estado dominicano recibió un cheque del HOMS por valor de 6.8 millones de dólares mediante el cheque 451577 del Banco Hipotecario Dominicano (BHD) de fecha 14 de febrero de 2011 librado a favor del Tesoro Nacional. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el destino o uso de esos recursos que fueron a parar a la cuenta de la Tesorería Nacional, número 0102391041 del Banco de Reservas.

En el contrato de compraventa consta  que el  otro 50 por ciento del valor de las acciones sería entregado al Estado “inmediatamente sea aprobado el contrato de compra venta por el Congreso Nacional”.

El 29 de septiembre de 2011, el ex presidente Leonel Fernández envió una carta al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitándole el conocimiento y aprobación al contrato de compra y venta. “Espero, pues, que los señores Legisladores impartan su voto de aprobación al contrato de compraventa de acciones que someto a su consideración”, dice la carta firmada por Leonel Fernández.

De acuerdo a  una carta remitida por la vicepresidenta del Senado, Cristina Lizardo, al presidente de ese órgano, Abel Martínez -ambos del partido oficial-, el proyecto resolución fue aprobado en la sesión del 6 de junio de este año 2012, y en estos momenos cursa en la Cámara de Diputados, en donde fue enviado a comisión.

El papel jugado por el Senado

El conocimiento del contrato fue enviado a la Comisión Permanente de Contratos (expediente 00828-2011-SLO-SE) la cual rindió un informe favorable, en el entendido de que “el Estado dominicano, una vez que logró su objetivo de ayudar a que el HOMS se convirtiera en una realidad, y en armonía con el concepto de privatización que ha patrocinado, comunicó su disposición de vender la totalidad de sus acciones…”.

La Comisión Permanente de Contratos del Senado está presidida por el senador Antonio Jesús Cruz Torres, e integrada por Charles Mariotti, Amarilis Santana Cedano, Prim Pujals, Amílcar Romero, Rafael Calderón y Adriano Sánchez Roa, cuyas firmas están estampadas en el informe.

La papa caliente en la Cámara de Diputados

El proyecto de resolución fue introducido a la Cámara de Diputados (CD) el 23 de julio de este año y remitido a la Secretaría General el 30 de agosto para ser enviado a la Comisión Permanente de Contratos. La iniciativa, marcada con el número 03196-2010-2016-CD, establece (en negritas) que -conforme al artículo 84 de la Constitución- para la validez de estas deliberaciones las“decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos”.

La comisión que estudiará la pieza en la CD está presidida por el diputado Aníbal Rosario (PRD-provincia Santo Domingo), quien junto a un grupo de diputados, en su mayoría del Cibao, se preguntan “por qué una inversión tan provechosa el Estado solicita al HOMS que le compre sus acciones”, entre otras interrogantes, por esto se reunieron con el actual ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y éste habría alegado no saber por qué el Estado se desinteresó de esas acciones.

¿Cómo se urdió la trama?

Según consta en el contrato de compraventa, en fecha 22 de octubre de 2009, el ministro Administrativo de la Presidencia, a la sazón Luis Manuel Bonetti, comunicó de manera oficial a los ejecutivos del HOMS la disposición del Estado dominicano de “vender la totalidad de sus acciones”.

“…tengo a bien comunicarle la decisión del Estado dominicano de no participar en los aportes del nuevo fondo de capitalización de esta sociedad, el cual se convertirá con posterioridad en un aumento del capital social de esa empresa. Por tanto, renunciamos de manera formal al derecho de preferencia que según los estatutos sociales del HOMS nos corresponden, así también  les autorizamos para que esa proporción  sea cedida a los demás accionistas autorizados”, dice la carta enviada por Bonetti al Consejo de Directores del HOMS con atención a Rafael Sánchez Español.

El 7 de enero de 2011 Bonetti le envió una carta al entonces consultor jurídico, Abel Rodríguez del Orbe, para que “tenga a bien tramitar la emisión del poder correspondiente”.

La acción siguiente, el 15 de enero de 2011, fue otorgar un poder especial a Bonetti -por parte del ex presidente Leonel Fernández- con el número 4-11, que lo acreditaba como representante del Gobierno, y por la otra parte (compradora) firmó el contrato Rafael Sánchez Español, presidente del HOMS. El contrato de compraventa fue firmado exactamente un mes después, el 15 de febrero de 2011, y cuarenta y tres días antes de que el HOMS cumpliera tres años de inaugurado.

El contrato de compra venta, firmado el 15 de febrero de 2009, da cuenta de que ambas partes planificaron que este acuerdo no contraviniera la Constitución que entró en vigor el 26 de enero de 2010, es decir, que hasta se tomó en cuenta los precepto legales para que este contrato no resultase invalidado.

“Las partes contratantes decidieron esperar la culminación del proceso de aprobación de la nueva Constitución de la República, a fin de que el presente contrato sea redactado bajo el amparo de la nueva Constitución de la República”.


Por: Patricia Báez Martínez
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Editor Gazcue es Arte

Me considero joven, ya que la juventud es un estado del espiritu, bohemio como todo residente en Gazcue, academicamente soy Master en Educación Superior mención Docencia, Licenciado en Comunicación Social, Técnico Superior en Bibliotecología y Diplomado en Ciencias Políticas.

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