El decreto 606-05 declara de alta prioridad el saneamiento pluvial y sanitario de las cañadas Buenos Aires, El Indio y La Ureña, afluentes de Guajimía y también declara de utilidad pública la adquisición de dos hectáreas, (20,000 metros cuadrados) para el referido proyecto de viviendas.
Desde sus inicios el proyecto es financiado por el gobierno de Canadá a través de la entidad Canadian Commercial Corporation en coordinación con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD), como entidad responsable por el Gobierno.
El Estado, luego de tasar los terrenos y deslindar una porción de 9,373.07 metros cuadrados, de los 20,000 donde viven 10 de los 11 herederos de Rufino Maldonado, recibió el desembolso de US1,940,740.74 (RD$104,799,999.96) a la tasa de 54 pesos por dólar, por parte de Canadian Commercial Corporation para pagar a los herederos.
Los recursos fueron depositados en la moneda estadounidense por la Société Généralé, Corporate & Invesment Banking en la cuenta 10001010-239104-1 del Tesoro Nacional a través del Banco de Reservas.
El 2 de noviembre de 2007, el entonces director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD), Mariano Germán, solicitó una certificación de depósito de los recursos mediante el oficio 02581 dirigido al Tesorero Nacional, Guaroa Guzmán, con atención a Rafael Ventura, del Departamento de Administración de Cuentas.
El texto dice los siguiente: “Hemos recibido información de que fue realizada la transferencia de recursos al Fondo Especial a Terceros número 1022, hecha por el Banco Societe Générale; estos recursos, corresponden a los Sucesores Rufino Maldonado, por concepto de expropiación de terrenos utilizados para el proyecto “Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada Guajimía”.
El 6 de noviembre de 2007, es decir cuatro días después, el otrora Tesorero Nacional, Guaroa Guzmán, mediante el oficio 3751 respondió la solicitud del director de la CAASD.
“En atención a su comunicación del día 02 del presente mes de noviembre número 2581, en la que nos solicita certificar el depósito realizado por Société Généralé, Corporate & Investment Banking, el valor de US$1,940,740.74 (Un millón Novecientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Dólares con 74/100, a favor de los Sucesores Rufino Maldonado, por concepto de expropiación de los terrenos de la Cañada Guajimía, cortésmente le informo que, dichos recursos, fueron depositados en la cuenta del Tesoro Nacional, No 10001010-239104-1 denominada República Dominicana en dólares, Banco de Reservas de la República Dominicana, los cuales están registrados en el Fondo Especial de Terceros No 1022”.
La espera
El calvario de la familia Maldonado ha sido largo para cobrar por la dehesa heredada de su padre fallecido en el 2001 y aunque en principio elevaron un recurso de amparo por juste y precio, porque no estaban conformes con los que les ofrecían, luego desistieron y decidieron aceptar lo consignado, según dicen, cansados de no ver prosperar lo que consideran el precio justo de los terrenos.
Luego de años de espera y el caso quedar en un “limbo jurídico”, el expediente fue tomado por la abogada Maricela Pérez Diloné, junto a su colega Joaquín López. El requisito del pago de impuesto sucesoral que se ponía como condición para erogar los fondos fue solucionado con una notificación a la Dirección General de Impuestos Internos(DGII) para que los descontara del monto a entregar.
Ante la negativa a entregar los fondos a la familia Maldonado Valera, los abogados de cinco de los 10 hermanos decidieron elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que en fecha 15 de octubre de 2019 emitió la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00382, que bajo firma de Antonio O. Sánchez, Mejía, juez presidente en funciones , Alina Mora Mármol, Cecilia Badía Rosario, asistidos por la secretaria general Lassunsky D. García Valdez falla:
“Ordena a la Tesorería Nacional de la República Dominicana, a proceder al pago de la suma de Un millón novecientos cuarenta mil setecientos cuarenta dólares y setenta y cuatro centavo (US$1,940,740.74) en la forma indicada en el Acto de Autorización de Pago de fecha 23 de abril de 2018, a favor de los accionantes e intervinientes voluntarios, en un plazo de 15 días contados a partir de que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo le haya remitido el expediente en cumplimiento del decreto No.332-06”.
Más reciente, el 25 de febrero de 2022, la CAASD, bajo la firma de Yovanna M. Bussi Pérez, coordinadora del Departamento Inmobiliario, remitió a la Dirección de Administración de Deudas Públicas del Ministerio de Hacienda un oficio a nombre de la familia Maldonado Valera que establece: “En cumplimiento de la Sentencia 0030-03-2019-SSE-00383 de fecha 15/10/2019 emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana, con la finalidad de liberar los fondos a nombre de la Familia Maldonado en la cual la institución autoriza a realizar el proceso correspondiente en el departamento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda”.
Sin respuestas
Diario Libre ha buscado la opinión del Ministerio de Hacienda y su Dirección de Administración de Deuda Pública desde hace dos semanas y finalmente la directora de Comunicaciones, Mónica Peña, informó que “como hay un proceso judicial entre terceros”( que no identificó) nosotros no podemos dar ninguna información detallada de ese caso”. La bogada de la familia, ante esta respuesta, indicó que desconocen cuáles son “esos temas” y que desearían ser informados.
Han sido infructuosos los esfuerzos por comunicarse con Canadian Commercial Corporation. En la embajada de Canadá facilitaron un correo para solicitar una cita con representantes de Canadian Commercial Corporation, se hizo la solicitud hace más de 10 días pero no ha llegado respuesta.
Mientras tanto, Valentín Maldonado Valera, de 79 años, el mayor de los 10 hermanos vivos y con graves problemas de salud, espera la entrega de su dinero junto a sus nueve hermanos. Vive en una casa destartalada de madera y zinc que comenzó a construir hace muchos años. La falta de recursos le ha impedido terminarla. Su anhelo es que su esposa, también enferma y con una pierna amputada, pueda disfrutar de la vivienda que inició.
Sus hermanos también están en situación similar, a la espera de que los responsables de entregarles su dinero lo hagan para poder disfrutar de la herencia de sus padres, lo que le queda de existencia.
Falta de pago impide entrega de títulos
El jurídico de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD) Michael Héctor Cruz, indica que desde 2018 se han hecho varias notificaciones a documentos que han enviado las partes por supuestos errores o conflictos. La más reciente fue el 17 de febrero de este año con la que completaban tres las notificaciones para que se le pague a la familia Maldonado. Insiste en que en la actualidad la CAASD tiene un perjuicio serio por el caso como es la urgencia de cumplir con la entrega de títulos a las familias que ya están asentadas en los tres proyectos habitacionales y que por el impase no pueden recibir sus documentos de propiedad. “El dinero se pagó, ahora tengo yo ciento de personas sin poder recibir su título con una responsabilidad personal porque esos títulos se debieron entregar al principio de nuestra gestión y no hemos podido entregarlos, habiendo pagado ese dinero, dos millones de dólares que están ahí”, afirma Cruz.
“Tenemos que ser imparciales hasta tanto ellos resuelvan esos temas que tienen, que ellos saben cuáles son. Mientras tanto no podemos ofrecer información”.
Por Adalberto de la Rosa
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